Una reforma con incidencia en las relaciones laborales
La Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE de 3 de octubre, introduce modificaciones relevantes en materia de discapacidad, dependencia y relaciones laborales. La norma profundiza en una concepción de la igualdad que exige atender a las circunstancias personales y familiares para hacer efectivo el derecho al trabajo. Su entrada en vigor se producirá el 23 de octubre de 2026.
La adaptación del trabajo alcanza a quienes cuidan
Una de las modificaciones de mayor trascendencia empresarial se encuentra en el artículo 40.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. La obligación de adoptar medidas adecuadas de adaptación del puesto y accesibilidad se extiende al cónyuge, pareja de hecho y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado.
La previsión exige una valoración individualizada de las necesidades y de las medidas que permitan acceder al empleo, desempeñarlo, progresar profesionalmente y recibir formación. El límite de la carga excesiva debe examinarse atendiendo a los costes, las ayudas públicas y la dimensión económica de la empresa.
Desde una perspectiva interpretativa, la reforma sitúa el cuidado dentro del juicio sobre la igualdad efectiva en el empleo: la organización empresarial deberá ponderar también las barreras que afectan a las personas cuidadoras.
La continuidad de los cuidados y la reducción de jornada
La nueva redacción del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores contempla el mantenimiento excepcional de la reducción de jornada más allá de los límites de edad previstos cuando el hijo o hija presente gran discapacidad o gran dependencia, persista la necesidad de cuidados acreditada y se mantenga la convivencia.
En estos supuestos de especial intensidad asistencial, ambos progenitores podrán compartir simultáneamente el porcentaje de reducción, de forma proporcional al tiempo asumido por cada uno, sin superar conjuntamente el 100 % de la jornada y con independencia de su estado civil.
El ejercicio del derecho requiere diferenciar su reconocimiento de su concreción horaria, sometida al artículo 37.7 y a las previsiones convencionales aplicables. También debe examinarse separadamente la eventual prestación económica.
La escolarización no desvirtúa, por sí sola, la necesidad de cuidado
El artículo 190.5 de la Ley General de la Seguridad Social impide que la asistencia al centro educativo constituya, por sí misma, causa de denegación, suspensión o extinción de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
La escolarización debe valorarse junto con la situación clínica acreditada. La persistencia de tratamientos, vigilancia, medicación o desplazamientos sanitarios puede exigir la disponibilidad efectiva de la persona cuidadora, aunque exista asistencia escolar.
La protección de las personas atendidas introduce obligaciones de idoneidad
La disposición adicional segunda de la Ley 4/2026 establece requisitos relativos a determinados antecedentes penales para acceder y ejercer actividades de apoyo y cuidados con contacto habitual con personas con discapacidad o dependencia.
La regulación comprende actividades retribuidas y no retribuidas, prevé certificaciones negativas y disciplina las consecuencias de los antecedentes sobrevenidos y su comunicación. El incumplimiento empresarial se incorpora al artículo 8.19 de la LISOS como infracción muy grave.
Su aplicación exige identificar las funciones efectivamente desempeñadas y el contacto habitual protegido por la norma.
Una orientación hacia el empleo inclusivo
La reforma incorpora el empleo personalizado y sustituye la denominación de los centros especiales de empleo por empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El contenido de los programas de empleo personalizado queda sujeto a desarrollo reglamentario.
Para la gestión laboral, la consecuencia es concreta: las solicitudes relacionadas con discapacidad y cuidados requerirán una respuesta fundada en las circunstancias acreditadas. Como criterio de aplicación, conviene documentar las necesidades, las alternativas organizativas y las razones de la decisión. La efectividad de estos derechos dependerá, en buena medida, de la calidad de esa valoración individual.
Fuentes y lectura original
Fuente oficialBOE · Ley 4/2026 · Publicación oficial↗Fuente oficialBOE · Artículo 40.2 · Adaptaciones del trabajo↗Fuente oficialBOE · Artículo 37 ET · Reducción y concreción horaria↗Fuente oficialBOE · Artículo 190 LGSS · Prestación por cuidado↗Fuente oficialBOE · Disposición adicional segunda · Requisitos de idoneidad↗Fuente oficialBOE · Artículo 41 · Empleo personalizado↗Contenido divulgativo. La aplicación de cada criterio exige revisar la resolución completa, su vigencia y las circunstancias del caso.