Prevención de riesgos laborales, investigación de accidentes, evaluación de riesgos y formación

Debe recordarse que todos los accidentes deben investigarse. El artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que, cuando se haya producido un daño para la salud de las personas trabajadoras o existan indicios de que las medidas preventivas son insuficientes, la empresa debe realizar una investigación dirigida a detectar sus causas. En consecuencia, deben investigarse todos los accidentes de trabajo, con independencia de su gravedad, de la existencia o no de baja médica, de la duración de la incapacidad temporal o de la aparente sencillez del suceso. Esta obligación comprende también los accidentes sufridos por personal temporal, personas trabajadoras puestas a disposición por empresas de trabajo temporal y personal perteneciente a empresas contratistas o subcontratistas, cuando el accidente haya tenido lugar en el centro de trabajo o guarde relación con las actividades desarrolladas.

La investigación no puede ser meramente formal. No debe limitarse a cumplimentar un formulario ni a atribuir el accidente a una supuesta «distracción», «falta de atención», «descuido» o «imprudencia» de la persona trabajadora. Una conclusión de esta naturaleza, sin un análisis adicional de las condiciones de trabajo, difícilmente permite conocer las causas reales del accidente o adoptar medidas eficaces para evitar que se repita. La investigación debe analizar la tarea que se estaba ejecutando realmente, el procedimiento de trabajo aplicado, la evaluación de riesgos existente, la formación e información recibidas, el estado de los equipos, las herramientas y las instalaciones, la disponibilidad y utilización de protecciones colectivas e individuales, la organización y supervisión del trabajo, la carga y el ritmo de ejecución, la posible intervención de otras empresas y cualquier otra circunstancia que haya podido influir en la producción del daño. Asimismo, deben diferenciarse las causas inmediatas del accidente de las causas básicas, organizativas y preventivas que hayan permitido que el riesgo llegara a materializarse. La investigación debe valorar no solo la actuación de la persona accidentada, sino también la suficiencia de las instrucciones, el diseño del procedimiento, la adecuación de los equipos, la planificación de la tarea y la eficacia del control empresarial.

La empresa debe disponer de una evaluación de riesgos que se corresponda con su actividad efectiva. No es suficiente disponer de una evaluación genérica, estandarizada o desactualizada que no contemple las tareas realmente ejecutadas por las personas trabajadoras. La evaluación debe extenderse a todos los centros de trabajo, puestos, funciones y tareas en los que existan riesgos que no hayan podido evitarse. Debe existir una correspondencia real entre la documentación preventiva y las condiciones en las que se desarrolla diariamente la actividad.

Prohibición de iniciar tareas no evaluadas. No debe iniciarse una nueva actividad, introducir un equipo, producto, tecnología o proceso ni asignar una función diferente sin comprobar previamente que sus riesgos han sido identificados y evaluados. La urgencia productiva, la necesidad de atender una incidencia, la experiencia de la persona trabajadora o la corta duración del trabajo no justifican el inicio de una tarea sin la correspondiente evaluación preventiva. Cuando se detecte que una persona trabajadora está realizando funciones diferentes de las recogidas en la evaluación de su puesto, debe comunicarse inmediatamente al servicio de prevención para que analice los riesgos y determine las medidas necesarias.

Formación antes del inicio del trabajo. El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a garantizar que cada persona trabajadora reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada. La formación debe impartirse en el momento de la contratación y antes del inicio efectivo de las tareas. También debe actualizarse cuando se produzca un cambio de puesto o de funciones, se introduzcan nuevos equipos o tecnologías, aparezcan nuevos riesgos o un accidente o incidente evidencie la necesidad de reforzar los conocimientos preventivos.

Formación adaptada al puesto y a las tareas. La formación debe estar específicamente centrada en el puesto y en las tareas reales de la persona trabajadora. Su contenido debe mantener una relación directa con los riesgos a los que estará expuesta y con las medidas que deberá aplicar durante la ejecución del trabajo. Un curso genérico o la simple entrega de documentación preventiva no son suficientes si no se acredita que la persona ha recibido instrucciones prácticas y comprende cómo debe desarrollar su actividad de manera segura. La experiencia profesional previa tampoco sustituye la formación preventiva específica que debe garantizar la empresa, ya que cada centro, equipo, procedimiento y organización puede presentar riesgos y medidas de seguridad diferentes.

Acreditación documental de la formación. La empresa debe conservar evidencias de la formación impartida. La documentación debería identificar la fecha, la duración y el contenido de la actividad formativa, los riesgos y las tareas abordados, su modalidad teórica y práctica, la identidad y cualificación de la persona formadora, las personas asistentes y el sistema utilizado para comprobar su comprensión o aprovechamiento. La firma de un documento puede acreditar su recepción, pero no demuestra por sí sola que la formación haya sido suficiente, adecuada y efectiva. Cuando la actividad implique la utilización de maquinaria, equipos peligrosos o procedimientos complejos, debe valorarse la realización de una comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.