Marco normativo y calendario de aplicación
El Boletín Oficial del Estado de 21 de octubre de 2026 publica el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales. La disposición introduce modificaciones relevantes en la Ley General de la Seguridad Social y en el Estatuto de los Trabajadores, con incidencia directa en la gestión de las bajas médicas, las reducciones de jornada y el acceso a determinadas prestaciones.
Aunque la norma entra en vigor el mismo día de su publicación, parte de sus medidas despliega efectos en fechas posteriores. Esta circunstancia exige diferenciar la entrada en vigor general de la aplicación efectiva de cada modificación, evitando trasladar anticipadamente a las nóminas o a las solicitudes de prestaciones reglas que todavía no resultan aplicables.
Incapacidad temporal: nuevas situaciones protegidas y modificación de la base reguladora
La reforma incorpora dos nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes. La primera comprende los procesos derivados de una patología limitante por trastorno menopáusico secundario debidamente codificado, siempre que la trabajadora reciba asistencia sanitaria del servicio público de salud y se encuentre impedida para trabajar. La segunda se refiere a las lesiones causadas por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, con los requisitos de acreditación y vinculación causal establecidos en el nuevo artículo 169.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
Por tanto, la protección específica del trastorno menopáusico requiere una patología que limite la capacidad laboral y determine la correspondiente baja médica. En los procesos derivados de violencia de género, la norma exige, además, la documentación prevista legalmente y la identificación de la relación entre las lesiones y el acto de violencia.
Para ambas situaciones se elimina la exigencia de un período mínimo previo de cotización. Asimismo, se reordena el régimen económico de las situaciones especiales de incapacidad temporal: el subsidio se abonará desde el día siguiente al de la baja, con cargo a la entidad que cubra las contingencias comunes, mientras que la empresa asumirá el salario íntegro del día de la baja. Ello se entiende sin perjuicio de los complementos que puedan corresponder por convenio colectivo.
Especial relevancia práctica presenta la modificación del artículo 171 de la Ley General de la Seguridad Social. Como regla general, la base reguladora de la incapacidad temporal por contingencias comunes pasará a calcularse tomando la base de cotización del mes anterior al inmediatamente precedente al hecho causante. Así, para una baja iniciada en diciembre, la referencia ordinaria será la cotización de octubre, con las particularidades previstas para las incorporaciones recientes a la empresa.
La reforma introduce también reglas para el cálculo en contingencias profesionales y adapta la base reguladora de la incapacidad temporal de las personas trabajadoras autónomas mediante la modificación del artículo 318.
Los principales cambios en incapacidad temporal producirán efectos el 1 de diciembre de 2026. La disposición transitoria primera vincula, además, la aplicación de las modificaciones relativas a las situaciones especiales a los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor, previsión que debe leerse conjuntamente con el calendario específico de efectos.
Cuidado de personas con cáncer u otra enfermedad grave: ampliación de la protección y ejercicio simultáneo
Desde el 23 de octubre de 2026, se amplían las posibilidades de acceso y mantenimiento de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la correspondiente adaptación del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.
La nueva regulación contempla el ingreso hospitalario o una situación asimilada, en los términos que se desarrollen reglamentariamente, y refuerza la cobertura de los supuestos en los que persiste la necesidad de tratamiento y de cuidado directo, continuo y permanente.
La prestación y la reducción de jornada podrán prolongarse excepcionalmente más allá de los veintiséis años cuando la persona causante acredite una discapacidad igual o superior al 65 % o tenga reconocido un grado III de dependencia, siempre que se mantengan los restantes requisitos. Entre ellos figuran la convivencia y la persistencia de las necesidades de cuidado, con las especialidades previstas para determinadas estancias temporales en recursos residenciales o viviendas de apoyo.
Otra novedad sustancial consiste en permitir que ambas personas progenitoras, guardadoras o acogedoras accedan al derecho por una misma persona causante de manera alternativa o simultánea.
Debe prestarse especial atención a su alcance económico. Cuando ambas perciban simultáneamente la prestación por el cuidado de la misma persona, el subsidio de cada una será equivalente al 50 % de su respectiva base reguladora, con independencia del porcentaje de reducción de jornada que individualmente disfruten. Por consiguiente, la cuantía de la prestación debe distinguirse de la reducción salarial que comporte la jornada efectivamente reducida.
Viudedad de parejas de hecho con hijos comunes: flexibilización de los requisitos
La modificación del artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social flexibiliza la acreditación de la pareja de hecho cuando existan hijos comunes. En estos casos, se exige una convivencia estable y notoria durante, al menos, los dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento, acreditada mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.
En este supuesto se elimina la exigencia de inscripción registral o constitución en documento público con la antelación ordinariamente requerida. No obstante, la existencia de hijos comunes debe ponerse en relación con la convivencia exigida y con los restantes requisitos de acceso a la pensión.
La reforma establece, además, una vía excepcional para determinados fallecimientos anteriores a su entrada en vigor. Las personas que reúnan las condiciones de la nueva disposición transitoria cuadragésima octava podrán solicitar el reconocimiento de la pensión dentro del plazo improrrogable de doce meses. Sus efectos económicos se producirán desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, sin que se establezca una retroactividad general hasta la fecha del fallecimiento.
También se prevén mecanismos para solicitar la rehabilitación de determinadas pensiones suspendidas por aplicación de las anteriores reglas de incompatibilidad, respetando el límite máximo de concurrencia de pensiones públicas.
Autónomos: bases excluidas de regularización
Con efectos desde el 1 de enero de 2027, la modificación del artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social precisa las cotizaciones que quedan excluidas de la regularización por rendimientos.
La regulación comprende los meses cuyas bases se hayan utilizado para calcular una prestación económica reconocida antes de la regularización y las bases posteriores hasta el mes del hecho causante. Asimismo, atribuye carácter definitivo a las bases aplicadas durante la percepción de las prestaciones expresamente enumeradas, cuando deba mantenerse el alta en el régimen especial.
Esta previsión resulta relevante para valorar conjuntamente la cotización y la protección económica: las bases afectadas adquieren carácter definitivo y no procede revisar por esta vía el importe de las prestaciones causadas.
Otras medidas de protección social
La norma mejora la protección por orfandad derivada de violencia contra la mujer, estableciendo como referencia el doble del salario mínimo interprofesional mensual, con el límite conjunto previsto cuando concurran varias personas beneficiarias. También regula supuestos asimilados a la orfandad absoluta.
En materia de pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, el importe mínimo pasa a referenciarse al doble del salario mínimo interprofesional mensual, con efectos desde el 1 de noviembre de 2026.
Por su parte, la reforma del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos eleva el anticipo máximo a 300 euros mensuales por beneficiario, modifica los requisitos económicos y de residencia y amplía la duración de la cobertura en los términos legalmente establecidos. La nueva cuantía se aplicará a los anticipos vigentes mediante revisión de oficio, con efectos desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigor.
Finalmente, se habilita la posibilidad de que futuras normas con rango de ley asimilen determinadas prestaciones derivadas de acontecimientos catastróficos a contingencias profesionales. Esta previsión requiere que la correspondiente norma extraordinaria acuerde expresamente dicha cobertura.
Las empresas deberán adaptar el cálculo de las bajas médicas y revisar las solicitudes de reducción de jornada conforme a las nuevas fechas de aplicación. También conviene revisar las pensiones de viudedad denegadas que puedan acogerse a la reforma, sin agotar el plazo de solicitud de doce meses.
Fuentes y lectura original
Fuente oficialBOE · Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre↗Contenido divulgativo. La aplicación de cada criterio exige revisar la resolución completa, su vigencia y las circunstancias del caso.